Las personas abajo firmantes, graduadas y docentes del “Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2020” del Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro (Aguascalientes, México) provenientes de distintos países de América Latina y el Caribe con formaciones, experiencias y campos de trabajo interdisciplinarios, demandamos la implementación de políticas públicas de drogas con enfoques diferenciales de derechos humanos, de salud pública y de género. Ello tras reflexionar en torno a  la problemática de drogas en un contexto global y particularmente regional, en donde predomina la criminalización que genera altos costos humanos, sociales, ambientales y económicos, especialmente para las personas y territorios más vulnerables. Se requiere así mismo que este abordaje esté ajustado a los contextos territoriales y poblacionales particulares para una efectiva promoción de la salud y de políticas adecuadas de reducción de riesgos y daños.

 

Para ello, proponemos que las directrices actuales en materia de políticas de drogas sean revisadas conforme las necesidades de cada país de la región, a la luz de los siguientes parámetros:

 

• Debe abandonarse de plano la perspectiva más punitiva del prohibicionismo, conocida como “Guerra contra las Drogas”, en tanto sólo ha producido más violencia, muertes, desplazamientos poblacionales, desapariciones de personas y un encarcelamiento desproporcionado, fracasando en cumplir los objetivos propuestos -al menos en su retórica- en tanto que no ha reducido la demanda, el consumo, ni el tráfico de drogas en la región.

 

• Es necesario reconocer a las personas usuarias de drogas como sujetos de derechos, respetando su libertad y el libre desarrollo de su personalidad y rompiendo con el paradigma de que todo uso de sustancias es problemático. Además, debe reconocerse el uso de sustancias como dinámicas intrínsecas a diversas culturas y poblaciones que históricamente les han otorgado sentido, funcionalidades y significados.

 

• Es imperante concebir la situación de las personas en circunstancias de consumo problemático como un problema de salud y derechos humanos, y no de seguridad pública. Deben implementarse mecanismos de prevención al consumo problemático, promoción de salud y de reducción de riesgos, de modo que la atención sea centrada en las personas y en la garantía de su derecho a la vida, como derecho inalienable, reconociendo su autonomía. De esta forma, los estados y la sociedad civil deben reconocer y ofrecer la más amplia variedad de alternativas de atención y tratamiento, incluyendo opciones que no soliciten como requisito la abstinencia cuando así la persona lo demande.  

 

• Es indispensable abordar el fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva interdisciplinaria en la academia, el cual promueva la producción de conocimiento empírico, teórico, humanista para realizar aportes significativos a la discusión pública desde la evidencia.

 

• Se requieren modificar los regímenes jurídicos internacionales y nacionales que dan marco a la “Guerra contra las drogas”, en aras de generar nuevos sistemas de inclusión social respetuosos de los derechos humanos y de los tratados internacionales que los alojan.

 

• Resulta imprescindible revisar la situación general de las prisiones en la región, sobrepobladas y con graves condiciones de detención que afectan derechos básicos de las personas privadas de su libertad y sus familiares. Las políticas de drogas actuales contribuyen seriamente a esta situación con el encarcelamiento masivo de usuarios y de los últimos eslabones de las cadenas delictivas de comercialización, con nulo impacto en el desbaratamiento de las grandes organizaciones criminales que se pretenden combatir. Por otro lado, los Estados deben reconocer el consumo de sustancias dentro de los centros penitenciarios y asumir que las personas privadas de la libertad son sujetos de derecho que deben gozar de servicios de salud adecuados enfocados en la reducción de riesgos y daños.

 

• Corresponde entender que el diseño de toda política pública debe enmarcarse en criterios de interseccionalidad, incluyendo insoslayablemente perspectiva de género, respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes e inclusión de pueblos originarios con lógicas comunitarias (con los respectivos atenuantes que deberían concebirse de acuerdo con cada tipo de población, sus costumbres, su cosmovisión, etc). 

 

• Los mercados regulados de sustancias deberían estar orientados a garantizar la salud pública, el acceso al mercado de los pequeños productores/comercializadores, maximizar la diversidad biológica de las plantas cultivadas, y minimizar los impactos ambientales y culturales de la producción regulada de substancias. No debe estar orientada a la maximización de beneficios económicos de grandes actores empresariales. Así mismo, los recursos fiscales provenientes de la regulación deben usarse con un enfoque reparador frente a las poblaciones que han sido más afectadas por la prohibición.

 

• Es imperante que los gobiernos adopten políticas públicas de reducción de riesgos y daños integrales que garanticen el derecho a la vida y la salud de las personas usuarias de sustancias y que promuevan estrategias de lucha contra el estigma y la discriminación que viven actualmente los y las usuarias en la región.  

 

• Es urgente que se modifiquen las acciones que se desarrollan en el hemisferio frente a los niños, adolescentes y jóvenes, y que se transformen las estrategias de prevención del uso y consumo de SPA respetando los derechos humanos. También es necesario garantizar y avanzar en el desarrollo de tratamientos alternativos para esta población, el acceso a metadona y naloxona en ciertos casos, así como acciones de reducción del riesgo y daño para consumos problemáticos en poblaciones institucionalizadas y del sistema de responsabilidad penal adolescente.
   

• En los contextos más perjudicados debe considerarse seriamente la aplicación de mecanismos que evalúen los daños de las guerras contra las drogas como el de justicia transicional, en donde se incluya la creación de comisiones de la verdad, con la finalidad de repararlos garantizando la no repetición de este tipo de actos, factores que se estiman necesarios para la construcción de la paz y la reconciliación entre las partes involucradas.

 

• Se debe garantizar la participación integral de personas usuarias de sustancias, así como de las víctimas de estas políticas o de campesinas que están vinculadas en las cadenas de producción desde los eslabones más bajos, en el diseño y evaluación de políticas públicas que generen impactos en sus vidas: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

 

• Por eso es que resulta crucial ampliar y mejorar el debate en torno a las drogas. Para entender el consumo de sustancias se debe aceptar primero su complejidad. Esto solo será posible superando los mitos, las mentiras y los enfoques moralistas y reduccionistas que estigmatizan a los usuarios a través de los medios de comunicación tradicionales. En ese sentido, urge el fomento de producción y difusión de información de calidad para acercarla a la sociedad en general, particularmente a los tomadores de decisiones. El acceso a información de calidad es un derecho para todos. Para las autoridades, una obligación.

 

 

Por una política sensata y contextualizada frente a las drogas, en donde se visibilice la multicausalidad y se generen alternativas de resolución asertivas para el contexto latinoamericano.

 

                                                                          Enero 2020, Aguascalientes, México.

 

Firman:

Marcos Cané (Limando Rejas-Ueplas/Argentina); Carlos Fontes (LPSD/Uruguay), Viviana Porto (doctoranda en ciencias políticas/UNAM); Estefanía Álvarez Jiménez (Egresada LPP/Ags, México); M. Victoria Baca Paunero y Luis E. Osler (Cecca - Centro de Estudios de la Cultura Cannabica/Argentina); Daniel Nishisawa (LPSD-IECRIMT/México); Michael Steven Zapata Barbosa y Julie Benavides Melo (Universidad Pedagógica Nacional/Colombia); Melissa Álvarez García (México); Daniel Gudiño Pérez (Parametria/Ecuador);  Gina Díaz ( ICBF/Échele Cabeza, Colombia); José Jans Carretero Pardo (Defensor de Derechos Humanos, Colombia); José A. Lozada Berríos y Jennifer Montalvo García (Intercambios Puerto Rico); Carolina Pinzón (#deliberar/Colombia); Soledad Vallejo (Reset política de drogas y DDHH/Argentina); Juan de Dios De Luna Altamirano (México); Felipe Fernández (Colombia); Santiago Gatica Fernández (México); Héctor Aguilar Herrera (Cannabis Libre A.C./México); Gabriela Reyes Rodas (Bolivia); Elsa Armendáriz (Maestra en Gerencia Pública del CIDE); Esteban Acuña (Proyecto Soma/Perú); Raúl Lescano (Proyecto Soma/Perú); Emmanuel Farias Camarero (Fundación Loto Rojo-Ciudadanos en Búsqueda de Dignidad/ México); Maria Emilia Pérez (Imaginario 9,/Uruguay) Samantha Pérez-Dávila, Laura Atuesta, Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa, Angélica Ospina-Escobar, Jaime Arredondo, Daniel Zizumbo, Édgar Guerra, Bárbara Zayas y Fernando Alarid Escudero (CIDE-PPD/México); Oliver Meza (CIDE/México); Guus Zwitser y Tania Ramírez (MUCD/México); Jorge Javier Romero (UAM/México) y Fany Pineda (ReverdeSer/México); Shankar Syed Mora y Pablo Cascante González (Campaña Consumo Seguro-LPSD-LANPUD-Apoye No Castigue /Costa Rica); Alfonso Chavez (Prevencasa AC /México); Raúl Bejarano (PPD-CIDE/ México); Andrés Guevara, (ATS, Colombia); Alejandro Rodriguez Lach (Colombia); Lourdes Angulo Corral- Katia Ruiz(Integración Social Verter A.C/México); Alejandra Medina (Echele Cabeza/ Colombia)